Gobierno solicita anotar bienes y congelar cuentas bancarias de implicados en el caso respiradores

abogado, derecho, leyes
Gobierno pagó este sábado el ingreso familiar de emergencia a 1.771.000 personas

“Ya hemos solicitado al Ministerio Público la anotación preventiva de todos los bienes de los imputados”, manifestó Melgar, en entrevista con radio Panamericana

El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, informó que el Gobierno pidió a la Fiscalía la anotación de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de los implicados en el caso respiradores.

“Ya hemos solicitado al Ministerio Público la anotación preventiva de todos los bienes de los imputados”, manifestó Melgar, en entrevista con radio Panamericana.

Los respiradores se cotizaron en Bolivia con el representante de los equipos GPAInnova en 12.500 dólares la unidad; pero se compraron en España en casi 28 mil con un crédito del BID, según la cotización No. 05/2020 del proponente, Grupo Cosin.

El Gobierno pagó 2.028.780 de dólares de los 4.773.600 que cuestan los 170 respiradores y ordenó suspender el restante mientras se investiga el caso. La empresa IME Consulting fue la intermediaria en la compra.

Entretanto, los respiradores no son usados debido a que falta la actualización del software y entrega de accesorios, proceso que se paralizó por la investigación. Sin embargo, los aparatos son duramente cuestionados por expertos en salud que aseguran que no pueden ser empleados en terapia intensiva.

Por este caso hay cinco imputados: El exministro Marcelo Navajas, Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del ministerio de Salud; Giovanni Pacheco Fiorilo, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem); y dos funcionarias de Aisem que fueron el nexo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También se encuentra aprehendido el empresario Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como “testigo clave” en el caso.

La compra de los 170 respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica.

Se trata del abogado Wálter Zuleta, quien fue contactado por Húmerez e hizo el vínculo con Inaqui García, representante de IME Consulting.